La mercadería ilegal no paga impuestos.

El ahorro generado por la mercadería ilegal afecta directamente a los servicios nacionales de seguridad, salud y educación.

El supuesto ahorro que ofrecen los vendedores de mercadería ilegal afecta directamente los servicios que presta el Estado. La evasión impositiva inherente al comercio irregular recorta hasta un 50 por ciento los fondos para sostener la educación pública y achica en un 30 por ciento el dinero que podría destinarse a los hospitales. También afecta a la obra pública y a la generación de empleo formal, que se ve afectado hasta en un 40 por ciento.

La venta ilegal encubre un negocio millonario diseñado por mafias organizadas  que desarrollan un sistema de trabajo esclavo, trata de personas en talleres clandestinos, piratería y contrabando.  Toda esa logística criminal moviliza unos 71.500 millones de pesos por año, según mediciones realizadas en el primer semestre de 2017.

La expansión del comercio ilegal no sólo afecta a las marcas falsificadas o contrabandeadas sino que lesiona al país porque desalienta las inversiones y a los emprendedores, el diseño y el desarrollo.